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existio chiqui chiqui o choplo choplo en el caso del maletin de Argentina


    Sexo en "el caso del maletín"
    El principal involucrado y testigo estrella en el llamado "escándalo del maletín", Guido Alejandro Antonini, negó este miércoles en Miami haber sostenido una relación íntima con Victoria Bereziuk, una funcionaria argentina que viajaba con él el día que le decomisaron una maleta con US$800.000 en Buenos Aires.

    Antonini comparece como testigo en el juicio que se hace en Miami a su exsocio, Franklin Durán, acusado de conspirar como agente del gobierno de Venezuela para evitar que su asociado revelara el origen y el destino del dinero.

    Según la fiscalía y varios testimonios y grabaciones que se han presentado en la Corte, los US$800.000 habían salido de PDVSA, la empresa petrolera del estado venezolano y estaban destinados a la campaña de la entonces candidata y actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

    Según su testimonio, Antonini había viajado a Buenos Aires en un avión privado con funcionarios venezolanos y argentinos para hablar de su posible participación como proveedor en un proyecto para construir un gasoducto.

    El abogado defensor de Durán, Ed Shohat, estaba cuestionando a Antonini sobre su experiencia en el tema de los gasoductos y su justificación para viajar en el avión, cuando intempestivamente le preguntó: "¿Usted tenía relaciones sexuales con Victoria Bereziuk?".

    "¡No!", alcanzó a contestar Antonini, por debajo del grito de protesta del fiscal: "¡Objeción, su señoría!". La jueza, Joan Lenard, miró por encima de sus gafas redondas al abogado defensor y en seguida dictaminó: "Ha lugar".

    La octava pasajera

    Para el momento del decomiso del dinero, Victoria Bereziuk trabajaba como asistente de Claudio Uberti, director del organismo de vialidad de Argentina.

    Según el testimonio que ha dado hasta ahora Antonini en el juicio, Bereziuk y Marjorie Gutiérrez, una directiva de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, le insistieron que abordara el avión privado que voló la noche del 3 de agosto del año pasado de Caracas a Buenos Aires.

    Además de Bereziuk, Uberti y Antonini, en el avión también viajaban Daniel Uzcátegui, hijo de un directivo petrolero venezolano, Exequiel Espinoza, el presidente de Enarsa, la empresas estatal argentina de energía, Ruth Behrends y Wilfredo Ávila, de protocolo de PDVSA, y Nelly Espinoza, asesora jurídica de esa empresa.

    Durante su comparecencia en la Corte, Guido Antonini admitió haber estado en contacto con Bereziuk semanas antes del viaje a Argentina y que intercambió con ella algunas llamadas y correos electrónicos relativos a su posible participación en el proyecto del gasoducto.

    No más relaciones

    Terminada la sesión de preguntas en la audiencia judicial, el fiscal le presentó una moción a la jueza Lenard para que el abogado defensor se comprometiera a no volver a mencionar al tema de la supuesta relación íntima de Antonini con Bereziuk. "No tiene pruebas y no es relevante para el caso", argumentó el fiscal.

    Guido Alejandro Antonini
    Por instrucciones del FBI, Antonini le pidió US$2 millones a Chávez.
    Pero Shohat replicó que, al contrario, está en capacidad de presentar como evidencia decenas de mensajes de texto que prueban que había más que una relación de negocios entre los dos. Y que tenía también el testimonio de Daniel Uzcátegui que había contado los detalles de la relación "con lujo de detalles".

    Antes, durante el interrogatorio, Antonini había declarado que la relación que tenía con Daniel Uzcátegui, que para el momento del escándalo tenía 19 años, "como la que tiene un padre con su hijo".

    Al final, la jueza Lenard dictaminó que el tema no tiene relevancia para lo que se está juzgando y determinó que ni esta ni otra relación debe traerse a colación ni en los interrogatorios ni en las pruebas que presentará la defensa de ahora en adelante.

    "Arriba, en la cremita"

    La jornada del miércoles en el tribunal de Miami volvió otra vez a ser escenario de revelaciones de cómo se tejió la conspiración para que Alejandro Antonini no revelara el origen y el destino de los US$800.000 que le decomisaron en Buenos Aires.

    Una de ellas fue la carta -escrita por el FBI, la agencia federal de investigaciones de Estados Unidos- que Antonini le envió al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por intermedio del cónsul venezolano en Miami, en la que le explicaba que, debido a las dificultades que estaba atravesando, para limpiar su nombre y pagarle a sus abogados, "necesito dos millones de dólares".

    En una grabación que se reprodujo ante la Corte, se escuchó a una persona que Antonini identificó como el jefe de la agencia de inteligencia de Venezuela, Henry Rangel Silva, que le aseguraba que "la parte financiera" de sus demandas ya estaba resuelta.

    En otra, se escuchaba la voz de Franklin Durán asegurándole a Antonini que todo el tema se estaba manejando "arriba, en la cremita", es decir, en los niveles más altos del gobierno.

    Los gobiernos de Venezuela y Argentina han asegurado que el juicio no es más que una manipulación de Estados Unidos, lo han calificado como "una basura" y acusado a Antonini de "traidor" y "delincuente".

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Procurador General advierte condenados del caso Baninter no tendrán privilegios por encima de la ley

    Procurador General advierte condenados del caso Baninter no tendrán privilegios por encima de la ley
    “Es un precedente, nunca antes en la historia de la República Dominicana se había producido una sentencia en ese sentido. Primera vez, y esto es un señal positiva, que fortalece la institucionalidad”, precisó.
    martes, 15 de julio de 2008
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    SANTO DOMINGO, DN/República Dominicana.-El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, declaró que aunque los condenados por el fraude del Banco Intercontinental (BANINTER) tendrán las garantías mínimas necesarias para su seguridad en las celdas, no deben gozar de ningún privilegio por encima de la ley.
    "No debe haber ningún tipo de privilegio, todos los internos deben tener la misma oportunidad y gozar de, si hay privilegio, pues de los mismo privilegios, para todos", indicó.

    Manifestó que en las cárceles del Nuevo Modelo Penitenciario todos los internos tienen los mismos deberes y los mismos derechos.

    "Ahora se tratará de que no tengan privilegios, porque todos los internos tienen los mismos derechos y deberes, todos deben ser medidos con la misma vara. No importa su ascendencia económica y social, una vez ingresados a prisión todos son iguales.

    Indicó que el régimen penitenciario tiene dos sistemas, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y los centros penitenciarios que están en el Sistema Tradicional.

    "El nuevo Modelo de gestión penitenciaria, su seguridad y su administración dependen directamente de la Procuraduría General de la República, por el contrario el Sistema Penitenciario Tradicional esta dirigido por la Policía y el Ejercito Nacional", manifestó Jiménez Peña.

    Según el procurador general, en algunas cárceles los presos tienen más privilegios que otros y se presentan violaciones a las normas como sucede en la cárcel de La Victoria.

    "En este caso, la seguridad de la cárcel de la Victoria esta a cargo de la Policía Nacional y yo considero que hay que ser mas rigurosos en termino de las exigencias y la supervisión que se tiene de esos agentes policiales que están a cargo de esas prisiones", precisó.

    Radhamés Jiménez.
    Clave Digital/Archivo.
    Asimismo, dijo que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia marca un precedente en la República Dominicana.
    “Es un precedente, nunca antes en la historia de la República Dominicana se había producido una sentencia en ese sentido. Primera vez, y esto es un señal positiva, que fortalece la institucionalidad”, precisó.

    Dijo que en relación con el rol del Ministerio Público, está satisfecho con el deber cumplido.

    Jiménez habló durante el acto de inauguración del Centro de Intervención Conductual para Hombres, situado en María Axiliadora, Distrito Nacional.
    Por el caso Baninter fueron condenados a 10 años de prisión, por los cargos de fraude, estafa y lavado de activos, Ramón Báez Figueroa, Luis Alvarez Renta y Marcos Báez Cocco. Por su parte, Vivian Lubrano de Castillo fue condenada a 5 años de prisión. A todos se les impuso el pago de multas y compensaciones multimillonarias.

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