La denuncia vino de dentro. Un ex concejal del PP puso en conocimiento del fiscal la trama de supuestos cohechos a cargos públicos del partido. Los indicios sobre las "dádivas y sobornos" recogidos en el auto donde el juez Baltasar Garzón explicaba los motivos por los que mandaba a prisión al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, y a dos de sus testaferros, se contenían en un CD entregado a la fiscalía en noviembre de 2007. Catorce meses después, Garzón ha imputado a 37 personas relacionadas con la trama, abriendo una crisis de proporciones desconocidas en el PP. Se ha llevado por delante a un consejero de Esperanza Aguirre y dos ex alcaldes, pero amenaza con agravarse. El juez ha anunciado que en su sumario aparecen autoridades aforadas a las que él no puede investigar.
El PP considera sospechoso el momento en el que ha reventado esta investigación, en precampaña electoral gallega y vasca. Pero fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones. Los sospechosos estaban al corriente de los pinchazos, destruían documentos y preparaban su salida del país. Una situación que estuvo a punto de dar al traste con una investigación que Garzón mantenía sobre alguno de sus integrantes desde hace cinco años. En concreto, investigaba al abogado Luis de Miguel, como presunto cerebrode una red de blanqueo. Su actuación sumarial languidecía cuando un impulso inesperado la dotó de un arsenal de pruebas. Tal regalo le llegó de manos de la Fiscalía Anticorrupción el pasado verano. Su aportación consistía en una explosiva denuncia presentada en noviembre de 2007 por este concejal, expulsado del PP por airear las corrupciones internas. Junto a ella entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con miembros de la trama. Duraba 17 horas y 53 minutos. Junto a la grabación aportó la identificación de los sospechosos, una transcripción de las partes más jugosas e incluso un árbol de las empresas vinculadas a la trama.
El ex militante hizo el trabajo con un equipo integrado por media docena de colaboradores del partido de Madrid y Castilla y León. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) verificó los datos y, con la anuencia de Garzón, pinchó teléfonos.
Los resultados no difieren de los aportados por el denunciante. Las grabaciones presumariales y las sumariales han brindado un abanico de indicios de corrupción que salpican a distintas administraciones públicas gobernadas por el PP, tanto municipales como autonómicas. En muchos casos, Correa apunta a la connivencia con autoridades del partido para la concesión de contratos, la adjudicación de suelo o las recalificaciones urbanísticas precisas para grandes negocios inmobiliarios.
PRINCIPALES IMPLICADOS
- Pablo Crespo, en prisión preventiva. Ex secretario de organización del Partido Popular gallego. Relacionado con Special Events y Pasadena Viajes. El juez Garzón le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y defraudación fiscal.
- Francisco Correa, en prisión preventiva. Presunto jefe de la trama corrupta. Ligado a Special Events, cuya filial Orange Market, recibe encargos del PP valenciano. Garzón le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, defraudación fiscal y falsedad.
- Álvaro Pérez, 'El Bigotes', imputado. Responsable en la Comunidad Valenciana de Orange Market, que ha recibido muchos encargos del PP valenciano. Garzón lo dejó en libertad el pasado jueves. Está imputado por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.
- Arturo González Panero, imputado. Hasta el pasado martes, alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por el Partido Popular. Viajó con Francisco Correa a Miami en 2002. Garzón le imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho.
- José Luis Ulibarri, imputado. Constructor con el que supuestamente Correa hacía negocios para lograr recalificaciones urbanísticas. Preside el grupo Begar, dedicado a la construcción y las telecomunicaciones. Imputado por tráfico de influencias y cohecho, entre otros.
- Guillermo Ortega, imputado. Ex alcalde de Majadahonda (Madrid) con el Partido Popular, y hasta el lunes, gerente del Mercado Puerta de Toledo. El juez le imputa los presuntos delitos de blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
- Alberto López Viejo, investigado. Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid destituido la pasada semana y parlamentario madrileño. Amigo de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama. La investigación trata de averiguar si fue sobornado por la red.
- José Ramón Blanco Balín, imputado. Ex consejero delegado de Repsol YPF y socio de la empresa Orange Market. El juez Garzón le imputa los presuntos delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
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→La grabación que reventó la trama en el PP
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