El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha tildado de "disparate" y un "error gravísimo" la decisión tomada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de investigar las desapariciones de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Fraga, que fue ministro de Información y Turismo durante siete años en plena dictadura, considera incluso "discutible" que Garzón sea competente para juzgar la causa porque "ya hubo leyes de amnistía" (en referencia a la ley de amnistía de 1977 que facilitó la transición a la democracia).
Garzón autorizó ayer la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima que se encuentran restos de desaparecidos durante la contienda fratricida y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca. Desde las filas del mismo partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado "esperpéntico" que Garzón haya pedido el certificado de defunción de Franco. El juez ha reclamado una treintena de certificados de defunción, entre ellos de los generales Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano, pero se trata de un mero trámite judicial ya que, según cita el auto "es cierto y notorio que la participación en los hechos de aquellos que están fallecidos quedará extinguida una vez se haya constatado su muerte".
"Es como pedir el certificado de defunción de Napoleón"
Aguirre ha insistido en que la Guerra Civil "fue un fracaso colectivo" y ha descrito la situación "como si (Garzón) pide el certificado de defunción de Napoleón" debido a los sucesos del 2 de mayo de 1808, en los que, según ha explicado la presidenta regional, se dio orden de fusilar a todos los españoles sospechosos de participar en la revuelta. "El PP no estaba en la Guerra Civil", ha declarado la presidenta, en referencia a que "algunos pretendan limpiar su expediente llamándoles "franquistas". También desde el PP, el partido que más voces ha alzado para opinar sobre el auto y más en concreto para criticarlo, su portavoz en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, ha opinado que el auto responde a "otra cosa" que no es la administración de Justicia. En declaraciones a Telemadrid, Saenz de Santamaría ha explicado que la decisión de la propia Fiscalía del Estado de recurrir el auto "casi inmediatamente" es el dato "más relevante" para enjuiciar el auto.
"Creo que es un auto sorprendente y no precisamente para bien", ha continuado la portavoz del PP quien, tras expresar su respeto a las decisiones judiciales ha dicho que -como abogado del Estado y "perteneciente al mundo del derecho"- ve "muchos defectos procesales" en el auto. En ese sentido, ha dicho que el recurso de la Fiscalía pondrá de manifiesto que los principios de legalidad y seguridad jurídica "no están muy claros" y ha argumentado que el juez "aplica retroactivamente" figuras jurídicas "actuales" porque, cuando se enjuició la causa "ese tipo de delitos no existían". Saenz de Santamaría ha expresado además su preocupación por que, "en un momento en que los ciudadanos tienen una seria desconfianza hacia la rapidez y la agilidad" de la Justicia "se vea como un juez se dedica a estas cuestiones". Ha criticado además la "obsesión" de "ciertos partidos por reabrir temas que se resolvieron durante la transición" y que lo hagan, a su juicio, de manera "bastante poco profesional y poco seria".
El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, ha señalado que la Ley de la Memoria Histórica, de la que él fue ponente, "nunca pretendió una causa general contra el franquismo, ni una investigación penal" como la que ha abierto el juez Garzón. En declaraciones a Telecinco el diputado socialista ha manifestado su "impresión" de que "el camino jurídico de esta resolución es dudoso" al considerar que se entra en un conflicto jurídico entre la aplicación de la amnistía y la posible naturaleza de crímenes contra la humanidad de estos delitos. Y el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha expresado su satisfacción por el auto y ha considerado que esos delitos encajan en el contexto genérico de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, no han prescrito. Beltrán ha declarado que "constituye un paso esencial e imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil".
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